La desaparición de personas en México sigue siendo una herida abierta que lacera a miles de familias, un dolor que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció con crudeza durante su habitual conferencia matutina. “Es una situación que nos duele como sociedad y como gobierno”, admitió, subrayando que la prioridad absoluta es acompañar a los colectivos de búsqueda, dar con los responsables y erradicar cualquier forma de reclutamiento forzado que arrebate a jóvenes de sus hogares.
En un giro hacia una política más cercana a las víctimas, Sheinbaum anunció un cambio de modelo en la atención a las familias. “No podemos seguir revictimizando a quienes ya sufren la ausencia de un ser querido”, declaró, detallando que, a partir de ahora, se abrirá una carpeta de investigación de manera inmediata al presentarse una denuncia. Este paso, aparentemente sencillo, marca un antes y después: antes, las autoridades podían demorar días o incluso semanas en iniciar las pesquisas, tiempo valioso que a menudo se traducía en la pérdida de rastros o en la impunidad de los responsables.
Pero las medidas no se detienen ahí. El gobierno federal implementará un sistema de alerta temprana que, al activarse tras una denuncia, notificará de inmediato a aeropuertos, puertos, instituciones bancarias y sistemas de transporte. La idea es cerrar el cerco alrededor de los desaparecidos, dificultando que los responsables los trasladen o los oculten. “Cada minuto cuenta”, recalcó la mandataria, consciente de que en casos de desaparición, la rapidez puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
El tema de la posible complicidad de elementos de seguridad en algunas desapariciones no quedó fuera de la conversación. Ante las críticas de colectivos que han señalado la participación de policías o militares en estos crímenes, Sheinbaum fue contundente: “El Estado tiene la capacidad y la obligación de investigar a sus propios integrantes”. No se trata solo de palabras. En los últimos meses, se han documentado casos de agentes detenidos por su presunta vinculación con redes de trata o con grupos delictivos, aunque las organizaciones de familiares insisten en que estos esfuerzos aún son insuficientes.
La presidenta también hizo hincapié en la necesidad de trabajar de la mano con las familias, reconociendo que son ellas quienes, en muchos casos, han mantenido viva la esperanza cuando las autoridades han fallado. “Ellas conocen mejor que nadie los patrones, los lugares, las redes”, admitió, prometiendo que sus voces serán escuchadas en la construcción de estrategias más efectivas. Esta colaboración, sin embargo, no ha estado exenta de tensiones. Algunos colectivos han denunciado que, pese a los avances discursivos, en la práctica persisten obstáculos burocráticos, falta de recursos y, en ocasiones, una actitud de desconfianza por parte de las autoridades.
El desafío es monumental. Según datos oficiales, en México hay más de 110,000 personas desaparecidas, una cifra que crece día con día y que, para muchos expertos, podría ser aún mayor debido al subregistro. Detrás de cada número hay una historia: madres que recorren fosas clandestinas con palas y picos, padres que revisan morgues en busca de un rostro conocido, hermanos que no pierden la esperanza de un reencuentro. La crisis no distingue regiones ni clases sociales, aunque sí golpea con mayor saña a los sectores más vulnerables: jóvenes, migrantes, mujeres y comunidades indígenas.
En este contexto, las palabras de Sheinbaum suenan a un intento por enmendar errores del pasado, pero también a un reconocimiento de que las soluciones no llegarán de la noche a la mañana. La creación de fiscalías especializadas, la capacitación de agentes y la inversión en tecnología son pasos necesarios, pero insuficientes si no van acompañados de una voluntad política real para desmantelar las redes de complicidad que permiten que la desaparición siga siendo un negocio rentable.
Mientras tanto, las familias siguen en la búsqueda. Algunas han encontrado restos, otras solo silencio. Pero todas comparten una misma exigencia: que el Estado deje de ser parte del problema y se convierta, de una vez por todas, en la solución. La pregunta que queda en el aire es si las medidas anunciadas serán suficientes para saldar una deuda histórica con quienes han perdido a sus seres queridos en un país donde, demasiado a menudo, la justicia llega tarde o nunca llega.
